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La creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición, y particularmente la de su componente de justicia, como desarrollo de los Acuerdos de Paz celebrados en la Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, ha generado mucha controversia en nuestro país; algunas voces críticas señalan que, existiendo una jurisdicción penal ordinaria, era innecesaria la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz; censuran la concesión de amnistías e indultos en el marco de la misma, y critican que los crímenes cometidos durante en conflicto armado sean sancionados con penas más leves que las previstas en la legislación ordinaria para estos delitos. Interrogantes como estos tienen que ver con antiguas discusiones sobre la naturaleza y función tanto del derecho penal como del sistema de sanciones que lo caracteriza y, en tiempos más recientes, con el surgimiento y desarrollo de la llamada Justicia Transicional.