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Esta obra en su primer capítulo cuenta los orígenes del Ministerio Fiscal. Continúa, con los antecedentes nacionales y la ubicación institucional del Ministerio Fiscal. Analiza también, los principios de organización y funcionamiento del Ministerio Público, Ley 24.946; objetividad, unidad, coherencia de actuación y organización jerárquica, autonomía externa y flexibilidad y descentralización. En su quinto capítulo, trata la necesidad de practicar una profunda reforma procesal penal en el orden federal; la investigación preliminar a cargo del fiscal, nuevo modelo de organización, relación con los organismos de prevención que “alimentan” al sistema penal; eficiencia, modernización y capacitación en las técnicas de investigación. Descentralización y la relación entre Ministerio Fiscal y la víctima; la sociedad civil y la policía. Finaliza con los intereses generales de la sociedad; la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, el Ministerio público y la defensa de los derechos humanos, Programa de Derechos Humanos y Programa de los Derechos del Niño. Tiene un anexo que contiene pautas para el diseño de una política criminal, y las estadísticas y el “mapa judicial” como herramientas indispensables para el diseño racional de una política.