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Puede afirmarse que si la delincuencia en general es un fenómeno que genera un enorme interés social, en particular la delincuencia protagonizada por menores y jóvenes suscita, en atención a la edad y al grado de formación y madurez de aquéllos, una especial preocupación social e institucional. Las instituciones públicas competentes pretenden prevenir la delincuencia juvenil y sesgar "incipientes carreras delictivas" tratando de contribuir a que en el futuro descienda el número de adultos delincuentes mediante la aplicación de los recursos necesarios tendentes a lograr la (re)educación de menores y jóvenes. Hacia estos objetivos reeducativos se orienta la denominada "Justicia Penal Juvenil", esto es, el Derecho penal de menores.