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Dos grandes temas con frecuencia ocupan a los gestores de políticas públicas en educación: su cobertura y su calidad. En honor a la verdad, es evidente que la ampliación de cobertura es la que más despierta interés de quienes tienen puestos de gobierno en el Estado. En la educación superior ese propósito choca por lo regular con la siempre escasa o limitada disponibilidad de fondos públicos, por lo mismo, buena parte de las iniciativas gubernamentales que se impulsan culminan realizándose a costa de forzar la capacidad instalada que existe en las IES y suelen quedar reducidas a buenas intenciones y voluntarismo.